Auditor Superior de Michoacán bajo investigación por presuntos actos de corrupción y conflicto de intereses

Morelia, Michoacán – El Auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, se encuentra en medio de una controversia debido a los presuntos actos de corrupción y conflicto de intereses en los que estaría involucrado. La Contraloría del Estado de Michoacán ha presentado una solicitud de juicio político ante el Congreso estatal, alegando que Aguirre Abellaneda habría beneficiado a empresas familiares y de amigos con más de 258 millones de pesos.

Según la solicitud presentada, se revela que el Auditor Superior otorgó contratos millonarios a sus familiares, incluyendo a Patricia Orozco Cortez, Miguel de Jesús Aguirre Orozco, Elsa Cecilia Tapia García, Silvia Trinidad Tapia García, María Guadalupe Chávez Mederos, Francisco Javier Fajardo López y Mayra Orozco Santoyo. Estas contrataciones se llevaron a cabo a través de un esquema en el cual se crearon múltiples empresas en las que los familiares de Aguirre Abellaneda fungían como socios.

Entre las empresas señaladas se encuentran Maram Arquiconstructores y Arquidemos, las cuales habrían sido utilizadas para beneficiar a los familiares del Auditor Superior. Además, se ha puesto en evidencia un conflicto de interés y enriquecimiento oculto, ya que la propia Auditoría Superior de Michoacán sería responsable de la revisión de las obras construidas por las empresas de Aguirre Abellaneda una vez que estas sean concluidas.

Ante estos graves señalamientos, el Congreso de Michoacán ha recibido la propuesta de someter a Miguel Ángel Aguirre Abellaneda a un juicio político, con el objetivo de destituirlo de su cargo y designar a una persona que carezca de acusaciones de corrupción y conflicto de intereses.

Es importante resaltar que el Auditor Superior de Michoacán enfrenta un total de 66 procedimientos abiertos en su contra, lo que pone en duda su integridad y legalidad en el desempeño de su cargo. Las investigaciones en curso buscan esclarecer los presuntos actos de corrupción y garantizar la transparencia en la administración pública de Michoacán.